El Atelier Urbano

Hace unos meses me anoté a una propuesta de la Escuela Latinoamericana de Abogacía Comunitaria, con una mezcla de intuición y necesidad. Intuición porque algo en el título ya me hablaba (ese cruce entre el derecho y lo comunitario, entre lo institucional y lo que se construye desde abajo, desde lo colectivo). Y necesidad, porque aunque no soy abogada, hace tiempo que el ejercicio de la comunicación me plantea dilemas parecidos: ¿desde dónde se cuenta una injusticia? ¿cómo se nombra lo que duele? ¿y a quién le sirve lo que cuento?

Lo que no imaginaba era que este trayecto, además de ofrecerme herramientas nuevas, me iba a confrontar con mis propias limitaciones. Con los bordes de mi rol. Con las preguntas que aún no sé responder. No porque estén mal formuladas, sino porque a veces la teoría va más rápido que la práctica. Porque no siempre hay espacio para construir lo comunitario sin fricciones.

Hay situaciones en las que lo que la ley permite o resuelve no necesariamente repara, ni transforma, ni es percibido como justo por las personas o comunidades implicadas. Y, al revés, hay prácticas comunitarias que, aunque no estén contempladas en la ley o incluso se consideren al margen de lo legal, producen efectos justos, reparadores, emancipadores.

Aun así, hubo respuestas que me ordenaron. Que me ayudaron a poner en palabras ciertas intuiciones, y a reafirmar un lugar posible desde donde ejercer mi oficio con compromiso. Ahí quiero detenerme.

Cuando justicia no es sinónimo de ley

Una de las preguntas buscaba explorar qué sentidos de justicia y derecho se ponen en juego en las prácticas de abogacía comunitaria. Y al pensarla, se me impuso una idea que no siempre es cómoda: muchas veces, la justicia no está en la ley. O, mejor dicho, lo justo no siempre se tramita en el expediente.

Desde afuera del mundo jurídico, lo veo con claridad. Hay personas que logran una sentencia favorable pero siguen en la intemperie. Como una mujer que gana un juicio por violencia de género, pero no tiene dónde vivir ni acceso a un sistema de salud mental que la acompañe. Y hay otras que nunca pisan un juzgado, pero construyen procesos de reparación colectiva en su comunidad. Como los grupos de familiares de víctimas que se organizan para sostener la memoria, o quienes arman redes de cuidado frente a las violencias cotidianas, generando justicia en lo concreto, en lo afectivo, sin necesidad de una sentencia.

Quizás la abogacía comunitaria no debería ser una práctica exclusiva de personas abogadas, sino una forma de estar en el mundo, una ética que reconoce que el derecho, como cualquier lenguaje de poder, puede ser desarmado, reinterpretado, reescrito desde las voces que históricamente fueron silenciadas.

Pero tampoco idealizo. Hay tensiones reales entre lo comunitario y lo jurídico, entre lo técnico y lo político, entre el rol profesional y el vínculo humano. La horizontalidad no siempre se logra. A veces, aunque haya voluntad, persisten las jerarquías. Otras veces, la urgencia desplaza lo colectivo. Por eso me parece clave sostener una mirada crítica también hacia adentro: porque no todo lo que se nombra “comunitario” lo es. Y porque el cambio profundo requiere más que buenas intenciones.

Desde dónde lo cuento: el derecho como relato

Otra de las preguntas me permitió correr el eje de lo jurídico hacia lo comunicacional. Porque ahí es donde estoy parada yo.

A veces me preguntan cómo se traduce “la intersección entre derechos humanos y comunicación”. Y no siempre tengo una respuesta simple. Pero en este proceso entendí algo que para mí fue clave: el derecho también es un relato. Un relato que se disputa, que se edita, que se puede contar desde otros lenguajes.

En mi trabajo, intento narrar esos relatos de modo que no se queden en la distancia. Que tengan cuerpo. Que generen empatía pero también pensamiento. Que conmuevan, pero que no romanticen. Y ahí también aparece la crítica: porque muchas veces, incluso en el mundo de los derechos humanos, se comunica sin pensar en quién escucha. Se cae en un lenguaje cerrado, que reproduce el poder que dice querer transformar. Y se pierde la oportunidad de abrir el diálogo, de construir puentes, de invitar a imaginar otras formas de justicia.

Las historias que atraviesan los derechos humanos no son abstractas. Tienen nombres, cuerpos, geografías. Y narrarlas con cuidado, con profundidad y con contexto, también es una forma de abogar. De amplificar. De reparar.

Lo que me queda

Este proceso me dejó certezas y dudas que me incomodan, y me gusta que así sea. Me confirmó que no hay una sola forma válida de aportar a la justicia social, y que los oficios (como el mío) también pueden ser herramientas de incidencia. Que incluso cuando no encajamos del todo en un campo (porque no tenemos el título, o el lenguaje, o el recorrido típico), podemos construir desde los bordes. Pero al mismo tiempo me recordó que ese aporte no es automático. Que no alcanza con “contar bien una historia”. Que hay una responsabilidad política en cómo, cuándo y desde dónde comunicamos.

Sigo creyendo en la palabra como herramienta política. En la escucha como práctica transformadora. En el poder de contar para que algo cambie. Y aunque no firme demandas, ni participe de litigios, me reconozco cada vez más cerca de esa abogacía que se hace en lo común, en lo colectivo, en lo comunitario.

No salgo de esta experiencia con un modelo a seguir, sino con preguntas más afinadas. ¿Cómo hacemos para que lo comunitario no se vuelva solo una etiqueta? ¿Cómo construir estrategias sin caer en lógicas asistencialistas? ¿Cómo sostener el vínculo humano sin romantizar la precariedad?

Y, sobre todo, ¿cómo seguir habitando estos cruces (entre derecho, comunicación, activismo) con honestidad, con autocrítica y con apertura?

No tengo todas las respuestas. Pero las preguntas, cuando están bien hechas, también nos cambian. A mí, por lo menos, me siguen haciendo mover.