El Atelier Urbano

En junio di un módulo en el marco del Curso de Litigio Estratégico e Incidencia Política del CEDIDH (Círculo de Estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos), una organización académica independiente chilena que trabaja desde el Sur Global. El grupo era en su mayoría de abogados y abogadas, personas que pasan sus días armando argumentos para que el sistema entienda lo que el sistema muchas veces no quiere entender.

El eje del módulo era una tensión que no se resuelve fácil: en cualquier caso de derechos humanos conviven dos lenguajes. El jurídico, que le habla al sistema (jueces, organismos internacionales, estándares procesales). Y el narrativo, que le habla a las personas (opinión pública, organizaciones aliadas, comunidades afectadas), el contexto social que muchas veces termina importando incluso adentro de un tribunal.

El problema no es que existan los dos. El problema es cuando solo existe uno.

Casos como el de Berta Cáceres, la imagen de Aylan Kurdi, o Ni Una Menos muestran qué pasa cuando la narrativa logra romper el marco jurídico y tocar algo más amplio. Berta, defensora indígena y ambiental asesinada en Honduras, ya era conocida en el mundo antes de que su caso llegara a los organismos internacionales. La foto de Aylan en la playa modificó la política europea de refugio de forma más concreta que una década de informes técnicos. Ni Una Menos se movió en la calle antes de moverse en los tribunales. Pero estos mismos casos muestran también el costo: historias que a veces son simplificadas, protagonistas individuales que terminan cargando el peso de injusticias colectivas, personas que, en su mayoría mujeres, a veces sienten que fueron usadas más que representadas.

Eso fue el punto de partida para el contenido que armé. Lo que vino después me dejó pensando más.

Al final del módulo hubo preguntas que no tienen respuesta prolija. Las traigo para acá porque creo que son más útiles que cualquier cosa que pueda haber dicho con preparación.

La primera fue sobre cómo abordar una estrategia de comunicación en DDHH en Chile dada la coyuntura actualaunque podría ser Argentina, Perú, Colombia, cualquier país de la región donde los derechos humanos están bajo presión de una derecha que sabe perfectamente cómo hablar.

Me quedé un poco tildada. No porque no tuviera respuesta, sino porque la que tengo no es cómoda: no se puede abarcar todo al mismo tiempo. Con cada cambio político hay una tentación de querer comunicar todo a la vez (todas las violaciones, todos los contextos, todos los grupos afectados). Ese impulso viene de un lugar genuinamente comprometido, pero es también una forma segura de no comunicar nada bien.

Comunicación estratégica implica elegir. Y elegir, en contextos de derechos humanos, es incómodo porque significa que algunas cosas quedan para después —o que algunas voces tienen más valor estratégico en un momento determinado que otras. Eso es difícil de sostener éticamente, pero es la realidad del trabajo.

Hay algo más: elegir no es solo una decisión de recursos o de agenda, es también una decisión sobre desde dónde hablás. Cuando una organización responde al discurso de «orden y seguridad» de un gobierno hostil discutiendo en esos mismos términos, ya cedió terreno antes de empezar. La disputa narrativa no se gana en el territorio conceptual que construyó el adversario, y eso requiere un paso previo que la urgencia suele comerse: el diagnóstico. Qué narrativas ya están instaladas, a favor de quién, qué audiencias son realmente alcanzables. Sin ese mapa, la comunicación es reactiva. Responde en lugar de construir.

Y cuando las instituciones locales están capturadas o son directamente hostiles, aparece otra capa: la presión que no llega al Estado desde adentro puede volver desde afuera, a través de organismos internacionales o de la atención diplomática. Eso también es una elección estratégica, y también tiene costos, entre ellos, el de dejar de hablarle al país para hablarle al mundo.

La segunda pregunta fue cómo evitar instrumentalizar a las víctimas cuando comunicamos sus casos.

Creo que es la pregunta más honesta que me hicieron. Y mi respuesta honesta es: no siempre se logra. Podés tener buenas intenciones, protocolos sólidos, consentimiento verificado, y aun así fallar.

Comunicar un caso de derechos humanos sin reducir a una persona a su condición de víctima es difícil (pero no imposible). La lógica de la visibilidad mediática empuja hacia el impacto, hacia la emoción, hacia el elemento más dramático de una historia. Y las personas que trabajan del lado de la comunicación o del litigio quedan muchas veces atrapadas entre la necesidad de generar visibilidad y la obligación de no dañar. Esa tensión es especialmente pesada cuando hablamos de mujeres víctimas de violencia, donde la exposición pública puede reproducir exactamente la lógica de vulneración que se busca denunciar.

Una parte del problema está en cómo se piensa el consentimiento. Generalmente se lo trata como un momento (la persona firma, aprueba, da el ok) y a partir de ahí se asume que el acuerdo está cerrado. Pero el consentimiento en estos contextos no es un evento puntual, es un proceso. Alguien puede consentir en un momento de crisis sin tener la información ni la distancia emocional para anticipar lo que la visibilidad le va a traer después: el acoso en redes, la exposición pública de su identidad o su historia en medios que no controlamos, el hecho de que una vez que algo sale ya no hay forma de retirarlo. No es mala fe de nadie. Es asimetría de información entre quien tiene experiencia en cómo funciona la maquinaria mediática y quien está atravesando una situación límite y acepta cualquier cosa que parezca ayudar. El feminismo lleva décadas señalando ese desbalance de poder, que existe también dentro de los movimientos y organizaciones que trabajan por los derechos.

No tengo fórmula. Tengo preguntas que me hago antes de publicar cualquier cosa: ¿La persona entiende qué puede generar esto? ¿Tiene una red de apoyo si la visibilidad se convierte en un problema? ¿Estamos contando su historia o estamos usándola?

La tercera fue cómo aplicamos los cuidados con las/los voceros, defensores de derechos humanos y víctimas a lo largo de un caso.

Esta me sorprendió más que las otras, no porque sea una pregunta inusual, sino porque vino de un espacio de formación jurídica. La persona que lo preguntó apuntaba específicamente a la existencia de protocolos. Y tiene razón en buscarlos: el cuidado sin estructura es voluntarismo, depende de la sensibilidad y la energía de las personas de turno en lugar de estar incorporado al diseño del trabajo. Y el trabajo de cuidar (que culturalmente hemos aprendido a tratar como algo que «sale solo», como algo que hacen las mujeres sin que haga falta nombrarlo) necesita ser planificado y sostenido institucionalmente.

Los protocolos de cuidado suelen pensarse para después: apoyo psicológico cuando termina el juicio, contención cuando alguien colapsa. Pero la vulnerabilidad empieza mucho antes. Una víctima que da testimonio público sobre lo que vivió no está solo relatando hechos: está reviviendo, está siendo evaluada, está quedando registrada en documentos y grabaciones que van a existir más allá de ese momento. Eso es re-victimización, aunque ocurra en un contexto que tiene por objetivo hacer justicia.

A eso se le suma la exposición digital, que muchas veces no se contempla en los protocolos más tradicionales: el acoso en redes sociales, la difusión sin control de imágenes o datos personales, la posibilidad de que alguien busque el nombre de una persona y encuentre toda su historia catalogada para siempre. 

Los defensores de derechos humanos en América Latina (y las defensoras, que enfrentan formas específicas de violencia y amenaza por ser mujeres) están entre los grupos más atacados del mundo. El hostigamiento digital es parte de ese escenario, no un capítulo aparte (según datos de Global Witness, la región concentra la mayor cantidad de activistas asesinados año tras año)

La pregunta sobre cuidados es también una pregunta feminista. Hay una historia larga detrás de ignorar el desgaste de quienes sostienen a otros, de tratar la contención emocional como algo que simplemente ocurre, de suponer que las personas que trabajan en contextos de mucho dolor pueden hacerlo indefinidamente sin que nadie se haga cargo de ellas.

Las tres preguntas tienen algo en común: todas preguntan por el costo. No por el impacto, no por la visibilidad, no por el resultado jurídico. Por lo que se paga para llegar ahí.

También me quedé pensando en que las tres las hicieron personas que van a seguir en este trabajo independientemente de si tienen respuesta. No son preguntas de quien busca una salida; son de quien ya decidió quedarse adentro y quiere saber cómo hacerlo sin romper lo que no debería romperse. Esa conciencia de que incluso con las mejores intenciones se puede fallar no es un problema del campo. Es su punto de partida más honesto.

Esa es la parte de la comunicación estratégica que suele quedarse fuera de los manuales.